Por Daniel Miliá

La empresa estatal argentina Arsat reportó el resultado de su ejercicio económico 2023 relevando una facturación de USD 12 millones por la exportación de servicios de los dos satélites de telecomunicaciones de los que dispone, Arsat-1 y Arsat-2, que vende principalmente a Estados Unidos y otros países del continente.

En términos consolidados, su EBITDA trepó por encima de los USD 2.100 millones y su resultado neto rondó los USD 7 millones. Si bien es una empresa con capital cerrado, y por ende no resultan accesibles sus estados contables desagregados, el Art. 28 del DNU 70/23 establece la desregulación de los servicios de internet satelital, con el propósito de permitir la competencia de empresas extranjeras, entre las que se encuentran Starlink.

El citado decreto incluye en su Capítulo II modificaciones a la Ley N° 27.078, estableciendo que la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones sea libre y que se requerirá a los titulares de los sistemas el registro para ordenar su operación, al solo efecto de coordinar el uso de las frecuencias radioeléctricas e interferencias. Además, establece que la radiodifusión por suscripción es toda forma de comunicación primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por público determinable, mediante la utilización del espectro recto o vinculo físico o satelital, indistintamente.

La facultades de este decreto implican cierto riesgo para la hoja de balance de Arsat, la cual es una de las pocas empresas públicas que genera utilidades y cuyo principal renglón de facturación local y sobre todo internacional son los servicios satelitales producidos con los Arsat 1 y 2. De hecho, la implementación de esta nueva normativa en un contexto de ajuste de cuentas públicas, demoró el plan de crecimiento tecnológico y comercial con el Arsat- SG1 para el año 2025, donde la firma de bandera tendrá que demostrar que puede seguir siendo un jugador en el selecto equipo de países con desarrollo y puesta de servicios satelitales a nivel mundial.

Los críticos al plan desregulatorio sostienen que el único objetivo es debilitar financiera y económicamente la empresa pública, sacarle capacidad de competencia y reducirla patrimonialmente. En este contexto, sonó con fuerza un plan de debilitamiento y privatización de varias empresas públicas en el marco del proyecto de Ley que prontamente ingresará al Congreso. Hace unos días, finalmente el nombre de Arsat quedó fuera de esa selección.

En términos de estructura de ingresos, dada la provisión de servicios mensuales no se registra variaciones significativas aunque el efecto del DNU probablemente se empiece a sentir a partir del segundo semestre del año tras el ingreso de Starlink. Del lado de los costos, si bien no es posible extraer conclusiones significativas, a raíz del congelamiento de paritarias del sector, la cuenta de remuneraciones exhibe un crecimiento magro desde octubre de 2023 a la fecha.  No obstante, la mayor expansión futura requiere más financiamiento, por lo que en algún momento el flujo de efectivo no será suficiente. Por ende, el riesgo aquí es o ralentizar la producción o limitar las áreas de intervención habida cuenta de la imposibilidad presupuestaria del Estado.

A la luz de los hechos, quedará pendiente evaluar si la competencia, a todas luces asimétrica entre la empresa estatal y Starlink u otras que se sumen, expandirá el mercado o, por el contrario, esta segunda captará share de la primera. En tal caso, asistiremos como pocas veces en el país al apogeo de una empresa pública que funciona y que el mismo Estado se encargó de acotar su maniobra.

Autor: Daniel Miliá. Magister en Gestión Económica y Financiera de Riesgos Especialista en Mercado de Capitales. Lic. En Economía. Autor de libros y artículos de finanzas y mercado de capitales. Conferencista nacional e internacional.